BOLIVIA: EL TIPNIS Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

BOLIVIA: EL TIPNIS Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentó su sentencia por la violación de múltiples derechos de los pueblos indígenas ante la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Como sanción al gobierno de Bolivia, el Tribunal dispuso “la paralización inmediata y definitiva” de la construcción de esta vía. Asimismo, exigió la “elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del TIPNIS, prohíba la construcción de una carretera que atraviese su zona núcleo, a la vez que respete los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan”.

La sentencia también pide detener el avance de la colonización -por parte de un sector productor específico, el de los cocaleros- dentro del territorio, así como la anulación de los proyectos petroleros. También se instó al gobierno boliviano a que cese con “las presiones para disciplinar y controlar a los movimientos sociales, sobre todo a las organizaciones indígenas, lo que afecta gravemente su capacidad de organización y autonomía, afectando su potencialidad para defender la Madre Tierra”. Además, reclamaron que el presidente Evo Morales pida públicamente disculpas, por el daño causado a las organizaciones sociales en los últimos años.

EL TRIBUNAL INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

El Tribunal está integrado por 26 expertas y expertos en temáticas relacionadas a la protección y respeto de la Naturaleza. Fue creado a partir de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se realizó en Bolivia en 2010, con la participación de representantes de 142 países. Vale señalar que el alcance de sus sentencias es solamente ético.

Entre sus integrantes se encuentra Alberto Acosta, economista y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador; Blanca Chancoso, lideresa kichwa y educadora de Cotacachi, Ecuador; Cormac Cullinan, abogado e integrante de Earth Democracy Coop, Sudáfrica; Tom Goldtooth, director de la Indigenous Environmental Network de Minnesota, EEUU; Julio César Trujillo, abogado constitucionalista representante de Yasunidos, Ecuador; Elsie Monge, activista de Derechos Humanos y Presidenta de CEDHU y FIDH, Ecuador; Atossa Soltani, fundadora y directora de Amazon Watch, EEUU; Enrique Viale, abogado ambientalista y activista de Argentina; y Tantoo Cardinal, actriz y activista contra las arenas bituminosas, Canadá.

LA CARRETERA QUE CORTA UN PARQUE NACIONAL

El 16 de agosto de 1990 los pueblos indígenas de las tierras bajas bolivianas comenzaron la primera gran marcha indígena del país denominada “Marcha por el Territorio y la Dignidad”. Esta movilización popular, que comenzó en la ciudad de Trinidad y finalizó un mes después en La Paz, logró el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de los primeros Territorios Indígenas de la Amazonía boliviana. Durante los siguientes años, y a raíz de otras demandas históricas que tuvieron expresión en las llamadas guerras del agua y del gas, los movimientos y organizaciones indígenas-populares de Bolivia se consolidaron como los principales protagonistas e impulsores del proceso de cambio que culminó en diciembre de 2005 con la llegada al gobierno del primer presidente indígena, Evo Morales.

Para facilitar la aprobación, el proyecto de carretera fue dividido en tres partes. Con irregularidades declaradas en los procesos de diseño, adjudicación, ejecución, los procesos de evaluación ambiental y participación de las comunidades también fueron objeto de manipulación. La consulta pública se realizó sin la presencia de las organizaciones indígenas del TIPNIS, cuya opinión ha sido sistemáticamente ignorada por los organismos estatales.

La cuestionada carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos pretende atravesar por la mitad el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), un área doblemente protegida de un elevado valor ecológico y cultural donde habitan los pueblos mojeño, yuracaré y chimán. Serían 306 km de longitud, para unir los departamentos de Cochabamba y Beni. El diseño y ejecución de las obras fueron adjudicadas a la constructora brasileña OAS Ltda., tras un polémico proceso de adjudicación en el que la empresa brasileña fue la única proponente. “El 80% del financiamiento del proyecto corre a cargo del BNDES de Brasil, uno de los principales actores en el financiamiento de infraestructura en Bolivia, que responde al objetivo de impulsar la inversión del capital brasileño en la región”. Este proyecto se enmarca en un paquete de iniciativas de carácter regional que hemos podido analizar oportunamente en un artículo sobre IIRSA-COSIPLAN.

Existen fuertes intereses para promover una ruta por el TIPNIS. Uno de ellos es la intención de los campesinos colonos vinculados al cultivo de hoja de coca, asentados desde hace décadas en la zona sur del parque, para acceder a nuevas tierras de cultivo que se verían facilitadas por la construcción de la carretera. Otro motivo no menor reside en la existencia de reservas de hidrocarburos bajo el subsuelo del TIPNIS, cuya posible extracción también se vería posibilitada por esta obra. Tampoco debemos olvidar el interés del Estado Brasilero, como potencia hegemónica del continente, que a través de la promoción y construcción de grandes megaproyectos de infraestructura (Caso IIRSA – COSIPLAN) facilita la llegada de sus productos a los mercados asiáticos – particularmente a China – y paralelamente, expande su capital a los países vecinos.

En 2011, el Gobierno de Evo Morales reprimió duramente una protesta de comunidades indígenas que se manifestaban en contra de la carretera.

ESTADO PARALELO

El Chapare (donde el entonces líder indígena cocalero y ahora Presidente del Estado Plurinacional comenzó su lucha político-social) es una provincia que limita al sur con el TIPNIS y de donde provienen los campesinos asentados en el área colonizada. El gobierno promulgó una ley para ampliar los cultivos de coca hasta 20.000 hectáreas, con la legalización de 8.000 hectáreas destinadas concretamente al Chapare, donde el rendimiento de hoja de coca seca por hectárea es más del doble que en otras regiones productoras del país.

Esto ha provocado el avance de este sector dentro del TIPNIS, que en la actualidad alcanza alrededor de 200.000 hectáreas de área colonizada. No hay dudas que las bases cocaleras de Evo Morales se han convertido en el principal sector social apoyando la construcción de la carretera, y forma parte de una tensión entre los proyectos productivos y las bases de una defensa de los ecosistemas tan necesarios para la reproducción material de la vida.

En agosto del año pasado, tres integrantes del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, una de sus secretarias, más una veintena de periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil intentaron acudir a una invitación del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) para conocer el “Polígono Siete” – la parte del territorio invadida por la colonización y la producción descontrolada de hoja de coca y sus derivados- pero al llegar fueron retenidos y hostigados por grupos locales durante más de 6 horas. Finalmente fueron liberados y se les permitió marcharse, aunque sin haber podido presenciar la situación de las comunidades indígenas oprimidas por los negocios de los cocaleros.

Así como en Argentina, el macá tobiano se convierte en una especie animal emblemática que corre riesgo de desaparecer si se concreta el proyecto de las represas sobre el río Santa Cruz, el último río glaciario que corre libre, en Bolivia, el paujil unicornio (Pauxi unicornis) puede ser el símbolo de la extinción potencial que acarrearía el proyecto sobre el TIPNIS.

Fuentes:

https://www.servindi.org/actualidad/52119

https://www.servindi.org/actualidad/52382

http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Caso-TIPNIS-Tribunal-Internacional-sanciono-al-gobierno-de-Bolivia

https://www.lacapital.com.ar/el-mundo/evo-morales-amplia-la-extension-legal-del-cultivo-la-hoja-coca-bolivia-n1353871.html

¿Y AHORA, QUIÉN PODRÁ SALVARNOS?

¿Y AHORA, QUIÉN PODRÁ SALVARNOS?

Este año se viene muy difícil para todes… y encima hay elecciones. En medio del revuelo, un “misterioso” candidato parece haber surgido de un hashtag o frase más o menos viralizada. La premisa dice algo como “Votá por la Naturaleza 2019”.

Más que una candidatura testimonial de las que nos tiene acostumbrados la democracia formal, averiguamos y resultó ser un slogan de la fundación CLT (Conservation Land Trust) y la fundación Flora y Fauna Argentina, que de alguna manera “postulaban” a la Naturaleza para los próximos comicios, con la promesa de una fuente de “desarrollo y empleo”. Interesante. Celebramos la intervención “política” de una institución conservacionista, pero quizás convenga revisar algunas ideas que vehiculizan esta campaña.

Con el foco en la creación de Parques Nacionales -uno de los ejes de trabajo fuertes de la CLT: adquirir tierras, restaurarlas ecológicamente y luego donarlas al estado, promoviendo especialmente el ecoturismo- y centrados en una visión de estos como “motores de desarrollo económico”, se postula entonces que, diferencias de otro tipo a un lado (¡lo que no es poco!: “Saltar la grieta” es uno de sus slogans), la clave para el futuro del país sería apostar a crear más áreas protegidas que generen divisas y empleo.

EL DESARROLLO COMO MODELO

Este argumento lo sostienen sobre los resultados de una encuesta (alojada en un sitio elocuentemente llamado “Producción de naturaleza”) que demuestra que la gran mayoría de la población apoyaría a un candidato que promueva la creación de Parques Nacionales. En el informe de resultados se aprecia también que un 78% de los encuestados considera también que las áreas protegidas son “Muy importantes” (¿respecto a qué otras prioridades de gestión? No sabemos), un 67% las considera “factores de desarrollo” para su provincia, y casi el 80% las entiende como aporte a la creación de puestos de trabajo. Los resultados son positivos, y a tal punto esperanzadores. Están muy bien presentados además, vale la pena visitar el sitio web.

Pongamos en perspectiva estas ideas de campaña. En primer lugar, aquí proteger el territorio equivale a insistir con el desarrollo económico, lo cual nos remite a un grave problema histórico para nuestra región latinoamericana. La necesidad de “desarrollarse” permea toda la historia de los países del inventado “Tercer Mundo”, como sugiere Arturo Escobar. En realidad, la idea misma de “desarrollo” no está para nada exenta de una gran variedad de significaciones, muchas veces contradictorias.

Puntualmente, aquí parecería que el desarrollo pasa por la generación de turismo. Obviemos por un segundo la cuestión de qué clase de turismo se trata, ya que acceder a un Parque Nacional no es para cualquier turista. La plataforma electoral de nuestra “Naturaleza 2019” sugiere que el éxito del turismo como generador de desarrollo se mide en el ingreso de dólares, y hasta se lo compara con actividades productivas como la extracción de petróleo o la plantación de soja… ¿no resulta paradojal medirlo con actividades precisamente de tipo extractivo? En efecto, también el turismo puede asumir rasgos de industria que explota bienes naturales, aunque tengan el paliativo de “sostenible”. Simplemente remitirnos a los impactos del turismo de gran escala sobre áreas naturales, de los cuales hay realmente poco estudio hecho y menos aún, planificación sobre la capacidad de carga. La presencia de gran cantidad de gente asusta animales e interfiere en sus comportamientos, degrada suelos, abre rutas y caminos que fragmentan espacios, y ni hablar de la contaminación por automóviles que circulan dentro de esas áreas o por los aviones que mueven a esos turistas.

Otro punto que se destaca es la idea del desarrollo de las comunidades humanas cercanas, lo cual a priori no es mala propuesta electoral. Sucede que siempre se la plantea como un “derivado” o colateral efecto de una supuesta buena gestión de la naturaleza. Así como la democracia formal del sistema nos tiene aletargados en ese “acto” cívico único de la votación, para “esperar” luego que el candidato elegido no decepcione y se limite a “administrar los recursos escasos de la nación” (es decir, la eterna trampa del problema de la institucionalidad y la corrupción como males endémicos, que conducen al desgano, la desmovilización y la a-política de mucha/os), aquí la buena y moralizante elección por Naturaleza 2019 nos traerá también la reconfortante sensación de ayudar, a la vez, a las pobres comunidades que se encuentran alrededor de estas áreas protegidas. No hay lugar en este esquema para considerar el cuidado, y qué desean esas mismas comunidades (en el video de la web ¡hasta parece que serán convertidas en barrios modernos con edificios y starbucks!). Una de las grandes críticas a las intervenciones territoriales para crear áreas protegidas a nivel mundial es, precisamente, el desplazamiento de las comunidades residentes para “vaciar” esos territorios, en esa búsqueda de la “resurrección” de la naturaleza en su faceta mítica: la naturaleza prístina e intocada, sin humanos que la alteren. Hay que tener mucho cuidado con esta idea ya que ningún desarrollo será posible si las comunidades mismas no tienen participación en la decisión sobre sus vidas, su territorio y entorno natural, sus modos de vida.

Por otro lado, también se señala la creación de empleo, que es necesario, sí… pero es así porque vivimos en un sistema donde quienes no tenemos la posibilidad de autosustentarnos nos vemos forzados a vender tiempo y fuerza de trabajo a otro/s para poder comprar comida, vivienda y abrigo (sobre todo nosotres habitantes urbanos que no tenemos huerta ni acceso a medios de producción de subsistencia, y que crecemos alienados de muchas de las capacidades para interactuar con otros entornos y realidades). No está de más pisar con cuidado en este escenario, ya que el “desarrollo de las comunidades” a veces implica que los habitantes originales pierdan sus modos de subsistencia y autonomía en favor de reconvertir esos territorios en grandes áreas protegidas, recibiendo a cambio la resignación de su autonomía para convertirse casi en empleados de ONG o de una institución estatal. Ojo, esto no quita que haya buenas experiencias y/o buenas intenciones. Pero bien o mal remunerados, con más o menos buenos indicadores de conservación, e incluso con nobles fines de parte de técnicos y empleados asignados, nada puede reemplazar la libertad individual y comunitaria, y el poder de decidir sobre nuestras vidas.


LA METÁFORA ANIMAL SIEMPRE FALLA

Por último, pero no menos importante, uno de los slogans expresa: “para defender nuestra economía, alguien que ponga huevos” (ilustrada por la imagen de un pingüino). Qué decir a esta altura… si por un lado son -literalmente- las aves hembras las que ponen huevos, no podemos dejar de resaltar que una afirmación del estilo carga con todo un simbolismo, especialmente del tipo barrabrava (lo cual por estos pagos ya implica que atraviesa casi todos los ámbitos sociales), pues refiere a los eggs masculinos, donde “el ponerlos” implica que se tiene fuerza, poder, valentía y todas esas ideas asociadas a la masculinidad tradicional. Y si nos ponemos un tanto suspicaces, hasta podríamos pensar que se estaría tomando cierta posición ante la posibilidad de que ¿nuevamente? una mujer pueda liderar un proceso político, ya que “si no tiene huevos, ¿cómo va a defender a nuestra economía, no?” Es por lo menos una frase tan ambigua como desafortunada.

En fin, no dudamos de los buenos y honrosos fines de esta campaña. Pero, como todo hecho político, es necesario recuperar la complejidad de lo que con números y dibujos se sintetiza. Diseñar políticas de biodiversidad que aumenten la superficie conservada -incluso manteniendo esta idea de que favorecerá los indicadores económicos- no puede desconocer la realidad territorial, atravesada por múltiples visiones de la naturaleza de quienes allí viven y trabajan, que expresan diferentes formas de uso de los bienes comunes, con necesidades propias y deseos de mejorar sus condiciones de vida. El gobierno actual se jacta de ser uno de los que “más hizo por el ambiente”, y de hecho la creación de parques nacionales aparece cada tanto como un eje central de ese discurso. Pero en el interín, también son las políticas de estado que promueven actividades extractivas (lo cual se traduce en que nuestro presidente rechace un amparo provincial que limita las fumigaciones con agrotóxicos en áreas pobladas, por caso) las que generan el mayor impacto en la biodiversidad. Protege áreas para sacrificar otras, y cada vez más. Esto sucede también “más allá de la grieta”, y resulta fundamental empezar a cuestionarlo.

Hay muchos más elementos en esta plataforma electoral para seguir pensando esta relación con el territorio y sobre todo, el tema de la responsabilidad sobre ese mismo estado calamitoso de lo ambiental que se pretende “salvar” (la imagen de un panda nos recuerda que es el “Hombre” -ese eterno culpable universal- el que somete a extinción a 150 especies por día). Reiteramos: celebramos que una institución reconocida visibilice a la práctica de la conservación como parte de la actividad política, y por ello mismo también nos otorgamos el derecho a sostener nuestra posición, entendiendo que ese “desarrollo” es incompatible con el sostenimiento de la vida en el planeta. Todas las acciones que emprendamos, todas las plataformas electorales y las propuestas de organización colectiva, deben estar “situadas”, como nos enseña Orlando Fals Borda. En un mundo en que casi todo resulta víctima del mercado, proteger (¿o producir?) a la Naturaleza poco tiene que ver con la economía hegemónica y el desarrollo en términos monetarios, sino más bien con respetar las formas de vida, humanas y no humanas, y sus vínculos más allá de las relaciones instrumentales de uso, aprovechamiento y ganancias, reconociendo que existen múltiples naturalezas para diversas sociedades. Dejamos a ustedes la plataforma e invitamos a pensar colectivamente formas distintas de conservar nuestra biodiversidad con justicia social y ambiental.

UN MILLÓN DE ESPECIES DE ANIMALES Y PLANTAS PUEDEN EXTINGUIRSE…

UN MILLÓN DE ESPECIES DE ANIMALES Y PLANTAS PUEDEN EXTINGUIRSE…

Esta nota es una versión acotada de la publicada en La Izquierda Diario

El lunes 6 de mayo, se dio a conocer el informe del IPBES, la Plataforma intergubernamental de ciencia y políticas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), el trabajo de más de 400 especialistas de 50 países da cuenta del tétrico panorama a futuro que le espera a la humanidad, los animales y plantas que vivimos en este planeta.

Más de un millón de especies de flora y fauna están en peligro de extinción, a un ritmo sin precedentes en la historia, debido principalmente a los cambios en el uso del suelo y del agua, la explotación directa de los organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. En ese orden.

Sr Robert Watson, jefe del IPBES, declaró que “la salud de los ecosistemas sobre los que nosotros y todas las especies depende se está deteriorando más rápido que nunca. Estamos erosionando los propios fundamentos de nuestra economía, sostenimiento, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida global”.

NÚMEROS QUE ASUSTAN, O DEBERÍAN HACERLO

Desde 1980 la emisión de gases de efecto invernadero se ha duplicado, generando un aumento de la temperatura global promedio de 0,7 grados Celsius, lo que ya está impactando tanto a nivel ecosistémico como genético, y sus efectos se esperan que se incrementen en las próximas décadas.

La abundancia de especies nativas en la mayor parte de los hábitats terrestres decayó en al menos un 20%, desde 1900. Más del 40% de las especies de anfibios, 33% de corales y más de un tercio de los mamíferos marinos están amenazados. La evidencia sobre insectos sugiere que al menos un 10% se encuentra bajo amenaza, 680 especies de vertebrados fueron extintos desde el siglo 16 y más del 9% de las razas de mamíferos domésticos para el 2016, con al menos 1000 razas más en peligro.

Estos resultados dan cuenta del fracaso total de alcanzar, al menos, 35 de los 44 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas sobre pobreza, hambre, salud, agua, ciudades, clima, océanos y tierra, y sólo podrían alcanzarse 4 de las 20 metas de Aichi sobre Biodiversidad.

Entre otros puntos destacados del informe, se mencionan la alteración de tres cuartos de los ambientes terrestres y aproximadamente 66% de los marinos por acciones humanas, tendencia que resulta ligeramente menos severa en áreas bajo manejo de poblaciones originarias y comunidades locales. La tasa de extinción de hoy es de diez a cientos de veces más alta, en promedio, que la de los últimos 10 millones de años. Más de un tercio de la superficie terrestre y un 75% de las fuentes de agua dulce son usadas para agricultura y producción pecuaria.

SUSTENTABILIDAD COMO ÚNICA OPCIÓN

El informe plantea que esta tendencia podría revertirse con un cambio “fundamental, una reorganización amplia de sistemas en lo tecnológico, económico y social, incluyendo paradigmas, metas y valores”; propone además manejos integrados y acercamientos intersectoriales que tengan en cuenta los intercambios entre la producción de comida, la energía, la infraestructura, el agua potable y la conservación de la biodiversidad. El punto más sobresaliente es que explicita la necesidad de “alejarse del actual y limitado paradigma del crecimiento económico” e incluso hace mención al problema de la extracción de recursos que se produce en una parte del mundo para satisfacer la demanda de consumo en otras regiones.

Sin embargo, vale la pena poner en tensión estas ideas, ya que bajo el sistema de producción capitalista, el calentamiento global, la acidificación de los océanos, del aire y la contaminación del agua, la deforestación, la extinción de las especies, etc. son el resultado necesario e inevitable de anteponer los beneficios económicos a la sostenibilidad de la vida.La necesidad del capitalismo de producir cada vez un mayor número de mercancías es fundamentalmente incompatible con la sustentabilidad ecológica.” 

Por eso, sólo si la gran masa oprimida de la humanidad se organiza para quebrar el poder destructivo del capitalismo, arrancando de sus manos el control de las sociedades y luchando para construir relaciones sociales equitativas y solidarias, entre humanos y con la Naturaleza y lo no humano, con el objetivo de producir para satisfacer demandas sociales y no el lucro privado, podremos salvarnos nosotros y a los millones de animales y plantas a los que estamos condenando a desaparecer de la faz de la tierra.

 

LA EMPATÍA: UNA CAPACIDAD CEREBRAL Y UN MISTERIO SOCIAL

LA EMPATÍA: UNA CAPACIDAD CEREBRAL Y UN MISTERIO SOCIAL

Un experimento realizado por científicos del Instituto de Neurociencia Holandés, que -paradojalmente!-  sometió a ratas a sufrir electroshocks dolorosos para comprobar qué tanto sus conespecíficas eran capaces de reaccionar, concluyó que la misma región del cerebro se activaba tanto en la rata que sufría la experiencia dolorosa, como en la que la observaba. Al desactivar ciertas neuronas, los animales dejaban de ser capaces de compartir el dolor de sus pares. Eligieron ratas porque el “área 24” de su arquitectura neuronal es similar a la de los humanos.

Hay científicos y experimentos que siguen aportando pruebas sobre la capacidad de empatía y sentimientos de los animales no humanos. Para nosotres, en tanto humanos, la ciencia nos proporciona el conocimiento sobre el mecanismo físico que permite reconocer el dolor ajeno y sentirlo como propio, compartirlo -esto es la empatía-, la cultura y la sociedad, la capacidad práctica de ejercerla y, tal vez (ojalá algún día) la obligación moral de reconocer que les otres seres sienten, pueden sufrir, no sólo físicamente sino también emocionalmente, y siempre que sea posible, evitarlo.

Les animales también sienten dolor. Al menos los vertebrados con sistema nervioso central son capaces de subjetivizar el dolor e incluso, de sufrir ante la visión del sufrimiento de un semejante. ¿Cómo es que las emociones de otros nos afectan? Según el estudio en cuestión, el córtex cingulado anterior (ACC) de las ratas responde igual tanto cuando experimentan dolor propio como al observar similares expresiones y síntomas de dolor ajeno, aunque los mecanismos celulares permanecen poco entendidos en los humanos.

Eso desde el punto de vista puramente científico y mecánico. Mirado desde la simple – y no tanto – humanidad sensible, lo difícil es aceptar que la empatía lejos está de ser una capacidad igualmente ejercida. Los psicópatas, por ejemplo, no expresan el mismo nivel de actividad neuronal. Quizá aún falte comprender cuáles son los mecanismos psicológicos y sociales por los cuales tantos humanos no son capaces de empatía ante la visión de otro ser sufriente, para tal vez, algún día, poder tratar de modificarlos.

Fuente: “Emotional Mirror Neurons in the Rat’s Anterior Cingulate Cortex” Carrillo et al., 2019, Current Biology 29, 1–12 https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.03.024

LA CONSERVACIÓN DEL RÍO SANTA CRUZ: UNA CAUSA INTERNACIONAL

LA CONSERVACIÓN DEL RÍO SANTA CRUZ: UNA CAUSA INTERNACIONAL

Por Noel Miranda, desde Puerto San Julián, Santa Cruz, Argentina.

El 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Acción por los Ríos Libres, en este marco, se realizan actividades en todo el mundo en defensa de las cuencas de agua promoviendo la conservación de las fuentes hídricas fundamentales para la vida. Este año, el Río Santa Cruz fue protagonista internacional, durante 4 días kayakistas, activistas y comunicadores, navegaron sus aguas con el fin de llevar un mensaje: “Queremos que el río continúe en estado natural”, en relación a la construcción inminente de dos mega represas en su cauce.

Charles Fuhr –ubicado a unos 30 km de la ciudad de Calafate- fue el lugar elegido para iniciar los 350 km que recorrió el heterogéneo grupo de profesionales (y poco experimentados en el deporte náutico) para “unir” la naciente del río Santa Cruz con el mar Atlántico.

Realizar este tipo de acciones requiere un esfuerzo físico, mental y espiritual –a la deriva siempre del implacable clima patagónico- con una temperatura promedio del entorno de 10° C, mientras que la temperatura del agua oscila entre 1° a 12° C a lo largo del año; en este escenario la articulación de un grupo humano tan variado fue el desafío. Finalmente, designados en 7 kayaks simples y 9 kayaks dobles, 27 personas culminaron la travesía.

Gastón, Zequi y Linno, remadores inexpertos pero especialistas en la difusión de causas sociales, estuvieron presentes en esta travesía con su propuesta “Influos”, una iniciativa para crear y difundir contenidos que generen un impacto positivo en la sociedad y, así, utilizar las redes de forma constructiva, o como dicen ellos, “usar la influencia en forma positiva”.

También fueron parte de la expedición activistas de distintas partes de mundo, desde Alemania, Estados Unidos y Chile, distintos conservacionistas viajaron miles de kilómetros hasta llegar a la Patagonia argentina, con un fin: establecer redes de acciones, intercambiar experiencias sobre luchas similares en otras partes del mundo y fortalecer un año cargado de actividades, encuentros y producciones en torno a la defensa de los ríos.

Por último, kayakistas experimentados y conocedores de la cuenca del río Santa Cruz se pusieron a la carga el traslado de aquellos quienes el cuerpo agotado ante los obstáculos climáticos les impedía continuar el ritmo de la remada.

Así, entre coirones, guanacos, zorros y cóndores; aguas planas o revoltosas, el firmamento soleado o nubes espesas; el equipo supo compartir mates, charlas y fogatas, que hicieron parecer que fueron mucho más que 4 días, porque en este río glaciario que aún corre libre de cordillera a mar, todo es más intenso.

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa pueden ser vistas como una fuente laboral inmediata y de alguna manera lo son; sin embargo, la flexibilización laboral, las pésimas condiciones de trabajo y la corta vida de la obra son la otra cara de la moneda. Construir dos paredones gigantescos de más de 15 km de ancho, dos embalses que superan los 100 km de largo cada uno, para producir energía destinada a los grandes centros de consumo del país no es fomentar el desarrollo energético, sino todo lo contrario.

Donde algunas personas ven un río que desperdicia su fuerza desembocando en el mar, otros observan el tercer río más caudaloso de la Argentina que arrastra los nutrientes necesarios para la vida de distintas especies de aves, mamíferos y peces que habitan este inhóspito territorio. Mientras algunos ven un desierto improductivo, otros reconocen vastos terrenos que, si prestamos atención, nos narran la historia de nuestro planeta y de culturas ancestrales que supieron vivir 10 mil años en equilibrio con el clima agrestre e inexorable frío de la Patagonia. Para algunos la construcción de las mega represas son la salvación de la provincia, para otros es condenar a la desaparición un río glaciario que se encuentra en constante cambio.

Por eso, contraponer el ´progreso´ al ´no progreso´, es una discusión sin cabida. Lo que se necesita es información real sobre las consecuencias que esta obra generará en el entorno y en la cotidianidad de los habitantes de la provincia. ¿Cómo se trasladará la energía desde Santa Cruz a Buenos Aires? ¿Por qué aún no se presenta el Estudio de Impacto Ambiental de dicho tendido eléctrico? ¿Qué plan de contingencia existe en caso de que las represas fallen “por error matemático” como ha sucedido en otros casos en los que la empresa China Gezhouba Group –encargada de la obra- ha construido mega represas? ¿Qué sucederá con la calidad del agua del río Santa Cruz de la cual se proveen tres localidades santacruceñas? ¿Y qué respuesta se les dará los trabajadores que quedarán cesantes en unos cinco o siete años, una vez concluida la obra?

Cuando hay más preguntas que respuestas, el acceso a la información es el primer derecho que no se cumple, por eso, si vamos a ver la moneda, que sea ambas caras, y antes de que sea tarde.

LA ISLA VERDE DE EL PALOMAR

LA ISLA VERDE DE EL PALOMAR

Sembrar:

– Esparcir o enterrar semillas sobre la tierra para que se desarrollen y reproduzcan.

– Esparcir algo

– Iniciar algo”.

Foto Laura Borsellino

 

Sobre la avenida Derqui y Leones, en El Palomar, hay un espacio verde amplio, con algunos árboles añosos y otros recién plantados. Allí unos 20 jóvenes están activando el festival “Sembrando conciencia”, un evento que realizan todos los meses para visibilizar el valor natural y cultural de un área que quieren proteger ante la inminente reconversión de ese terreno que corresponde a la base aérea naval en un aeropuerto comercial para compañías aéreas “low cost”. Es fines de mayo, hace frío y el día está nublado; llovió toda la semana pero mucha gente se acerca a mirar las fotos, llevarse semillas de plantas y charlar con los activistas. En el aire hay un movimiento constante: avionetas que pasan de un lado al otro y aves, muchas aves. De repente la tierra tiembla, un ruido ensordecedor aturde y justo por arriba de las cabezas despega el Boeing amarillo de Flybondi. “Ahora sólo tienen habilitados 3 vuelos diarios, pero imagináte esto todo el día”, dice uno de los presentes sobre el proyecto de la empresa y el gobierno de aumentar la frecuencia de los vuelos. Frente a eso, los vecinos resisten.

 

Foto Lina Etchesuri

 

LA RESERVA Y LA ORGANIZACIÓN A SU ALREDEDOR


En julio 2017, la empresa Flybondi presentó una oferta de inversión para comenzar su operación en el país usando como base el aeropuerto de El Palomar, que según el proyecto debía ser reconvertido para albergar una gran cantidad de viajeros, aviones comerciales e infraestructura de logística. A pesar de que se interpusieron varias acciones judiciales, que en un primer momento paralizaron las obras de remodelación, y si bien últimamente la empresa es noticia por la cantidad de vuelos cancelados, aviones con desperfectos e incidentes peligrosos que impiden su normal operación, al día de hoy el aerupuerto se sigue construyendo y se realizan cada vez más vuelos comerciales.
Desde entonces se puso en juego una contienda entre la gente que vive en los municipios aledaños – principalmente de el Palomar, Haedo y Hurlingham-, a quienes se sumaron organismos de Derechos Humanos (ya que el sitio funcionó como centro clandestino de detención) y organizaciones ambientalistas. Del otro lado, las empresas comerciales de aviación y su principal socio: el Estado nacional. Los dueños de Flybondi tienen estrechos vínculos con funcionarios del gobierno, como el vicejefe de gabinete de la Nación, Mario Quintana.

Dentro del predio de la base área hay un espacio que los vecinos organizados bautizaron cariñosamente Isla verde, “porque vista desde google maps es una isla en un mar de cemento”, dice uno de ellos. Estamos hablando de un espacio natural de 200 hectáreas de bosque nativo de ribera, pastizal pampeano húmedo y un talar de barranca único en la zona.

Foto Lina Etchesuri

 

EL COMIENZO DE LA LUCHA POR LA RESERVA NATURAL

Desde hace unos años un grupo de vecinos se interesó por el lugar y comenzó a idear un proyecto para declararlo reserva natural comunitaria. “Observábamos aves que no veíamos en otros lugares del barrio o que ni sabíamos que existían”, relata Nahuel Martínez, uno de los integrantes y fundador del grupo llamado Proyecto Isla Verde. Esta organización está conformada principalmente por vecinos de El Palomar y de Haedo. Movidos por la intriga, en 2014 decidieron atravesar el alambrado para ver qué había del otro lado: “Ahí nos empezamos a percatar que se estaban realizando descargas ilegales de basura y ante esa primera problemática empezamos a nuclearnos y a imaginar una organización para proteger el espacio”.

El interés sobre el cuidado y conocimiento de las aves que allí habitan  llevó al grupo a organizarse en un Club de Observadores de Aves de la red de clubes de la ONG Aves Argentinas: “Lo primero que te fascina son las aves, que son los animales más fáciles de observar, ya que con paciencia y unos largavistas vas a ver cosas que nunca pensaste que ibas a observar”, relata Nahuel. Ezequiel Andreazzi, otro integrante del grupo, explica que fueron aprendiendo en la práctica sobre flora nativa, sobre cómo funciona una reserva y sobre la fauna que allí habita.

Desde 2017, con la llegada de Fly Bondi y compañía, las amenazas al espacio natural aumentaron. Dice Ezequiel: “Con lo del aeropuerto están desmontando bastante el cortaderal, siguen actuando ilegalmente, además los aviones al despegar tiran nafta y aceite al aire, y esos hidrocarburos contaminan”. El Estudio de Impacto Ambiental, realizado por la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, confirma los temores del grupo al insistir que “el intento por convertir el sitio en un área protegida municipal se enfrentó y también se enfrentaría hoy a un problema insoslayable: su contigüidad inmediata a la pista del aeropuerto que podría poner en peligro la seguridad aeronáutica, ya sea en caso de atraer más aves, en caso de desarrollar especies arbóreas altas o en caso de permitirse el ingreso de público”. Aunque parezca un (mal) chiste el informe que debe preservar el espacio de las incidencias externas, termina diciendo exactamente lo contrario: “La seguridad de los pasajeros y aeronaves prima, en todos los predios aeroportuarios, sobre los objetivos de conservación”.

Ya que las aves representan un riesgo para los aviones, al momento minimizan el riesgo con viejas mañas: “Tiran con morteros para espantar a los pájaros, si se extiende el aeropuerto van a hacer un ‘avicidio’ matando a las aves del lugar”, dice Ezequiel.
Melina Tassara, quien participa del proyecto desde el primer día, también cuestiona los resultados de este documento: “Por definición un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un estudio que evalúa cómo afectará una obra proyectada sobre el ambiente, y lo que presentaron fue lo contrario; cómo la biodiversidad que habita allí obstaculiza el funcionamiento de las aeronaves. En el segundo EIA presentan una lista de especies más detallada que en el primero (donde solo nombran la presencia de “subespecies” de palomas, ratas y cucarachas) pero aun así, remarcan que la seguridad de operación prima sobre cualquier objetivo de conservación. Habiendo incluso citado el excelente estudio de Kalesnik y Sirolli, que se encuentra en internet, y donde concluyen que el sitio, por sus particularidades y por ser el último espacio verde natural de la zona, debe ser protegido.”

Foto Laura Borsellino

 

DERECHOS HUMANOS “LOW COST”

Los vecinos y organizaciones que se oponen a la conversión del aeropuerto en comercial reclamaron que se realice la audiencia pública y los estudios de impacto ambiental en cumplimiento de la Ley general del Ambiente (Ley 25675). También interpusieron un amparo judicial para detener las obras, ya que la base aérea funcionó como centro clandestino de detención y desde allí se operaron vuelos de la muerte y se teme que los trabajos de excavación y construcción destruyan restos del pasado.

Durante la última dictadura cívico militar el lugar funcionó como centro clandestino de detención y desde allí partieron vuelos de la muerte. Asociaciones de Derechos Humanos intentaron frenar los trabajos de construcción y denunciaron que el lugar debe ser conservado ya que continúan los juicios de lesa humanidad sobre casos acontecidos en ese lugar.

Patricia Danna, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham cuenta que “todo lo que era la casa, el chalet, donde entraban a los compañeros detenidos secuestrados lo demolieron, es lo que ellos muestran como fotos del aeropuerto. Eso se hizo antes de que se expidiera la justicia, por eso se hizo una denuncia por el delito de daño, además de la violación de la ley 266912 de protección de sitios, se hizo una denuncia penal por daño a la propiedad del Estado, eso todavía se está investigando… es todo lento.”

Esta Asociación, junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, están llevando adelante una denuncia judicial contra el presidente Macri, el jefe de gabinete Peña Braun, el ministro de defensa Aguad, el ministro de transporte Dietrich, el secretario de derechos humanos Avruj y al ex-director de la ANAC Irigoin, por inclumplir los deberes inherentes a sus funciones y por incumplimiento y violación de la ley nacional 26691 que resguarda los sitios de la memoria del terrorismo de Estado.
 Según explica Lucas Marisi, abogado de la Asociación que lleva adelante estas medidas, “al día de la fecha está todo judicializado con recursos de apelación pendientes ante la Cámara y también ante la Corte Suprema, con lo cual, las obras están todas empantadanas pendientes de que se expida la justicia”
Como no se avanzó con el resguardo del sitio ni con los amparos tendientes a frenar su destrucción, los propios organismos de derechos humanos se movilizaron para visibilizarlos: “el 3 de Julio se va a señalizar como Sitio de la Memoria, le van a poner las placas de los lugares que fueron centro clandestino de detención. Lo que no hay es expediente administrativo para justificar el cumplimiento de la ley 26691, que fue violada de punta a punta, de hecho no hay expediente administrativo en la secretaría de derechos humanos ni en la dirección de sitios referidos a esta cuestión”, comenta Patricia.

 

Foto Lina Etchesuri

 

EL PROGRESO Y “EL PROGRESO”

Los vecinos se enorgullecen al contar del atardecer sobre la calle Derqui, una de las calles que bordea el predio y a la cual suelen ir a pasar el día, como hacían sus padres y abuelos, que además podían pescar en una laguna que desapareció bajo una rotonda. Sabrina Ferraris reflexiona: “Como ciudadanos y citadinos, nos deberíamos hacer la pregunta ¿en qué tipo de ciudad queremos vivir? Eso va asociado a la idea de progreso ¿qué tipo de progreso es deseable? Porque vivir en una ciudad en la cual eso implica perder un espacio que hace a la calidad de vida de la población… ¿ese es el tipo de ciudad en que queremos vivir?” Sabrina es socióloga y vive a pocas cuadras de la base aérea.

“Qué entendemos por calidad de vida si pensamos una ciudad ‘más conectada’ porque tiene un aeropuerto o estamos pensando en una ciudad con la posibilidad de respirar aire puro, de disfrutar, de tener sitios de esparcimiento y espacios que nos permitan construir educación ambiental, un espacio que nos relaje.”

Por lo pronto, la justicia impuso una restricción de operaciones que establece un máximo de 3 vuelos (seis movimientos) diarios, pero según el Estudio de Impacto Ambiental, el aeropuerto  “puede tener como mínimo 20 vuelos diarios, es decir 40 (cuarenta) movimientos por día en esta etapa inicial” y el objetivo es que “en etapas posteriores de desarrollo, este aeropuerto puede alcanzar la cifra de 150 vuelos (300 movimientos) diarios, lo cual lo posicionaría en un rango equivalente de capacidad al Aeropuerto Jorge Newbery”
Para ella, lo que está en juego son ideas alternativas de progreso: “Si avanza la lógica de maximizar la cantidad de vuelos y el proyecto de autopista, que pasará por encima de la isla verde, más el área de logística ferroviaria, sentiremos una disminución de calidad de vida; por cantidad de transporte que va a aumentar, cantidad de vuelos, mayor cantidad de gente circulando con un medio de transporte, que es el tren que también usamos para ir a trabajar y que hoy funciona paupérrimamente, es un cambio que tiene que ver con mayor contaminación por combustiones en el aire, por autos, colectivos, aviones, y por ruidos”.

Foto Lina Etchesuri

 

UN PROYECTO COLECTIVO

En ese sentido, desde el colectivo Isla Verde se preguntan si es posible hablar de progreso como algo separado del cuidado de los espacios naturales y la biodiversidad. En la audiencia pública los funcionarios locales dejaron ver su idea de progreso: dijeron que gracias al aeropuerto se había asfaltado y cambiado luminarias.

Melina explica que el grupo se ha puesto firme en exigir el cumplimiento de la legalidad ante un Estado que les pasa por arriba: “El proyecto aeroportuario del gobierno nacional fue instalado sin cumplir con los pasos legales y la intención anunciada en la audiencia pública – que fue un logro de nuestro colectivo y dónde hicimos uso de nuestro derecho a la información – es ampliar el aeropuerto, construir un aeroparque, una playa seca de logística ferroviaria donde acopiar containers y la autopista que implica entubar el Arroyo Morón: el sitio que nos protege de inundaciones y la fuente de vida de la reserva natural que habita en nuestro barrio.”
El activismo insistente del colectivo Isla Verde fue fundamental para sumar a la comunidad a conocer y proteger este pulmón verde; Melina dice que si bien es a través de los festivales y recorriendo el barrio que difundieron la propuesta, fue a partir de la noticia de la construcción del aeropuerto comercial (y de los propios papelones de Flybondi) que más personas tomaron conocimiento de la existencia de este lugar de valor natural.  “Nosotros les contamos que todo ese espacio verde nos permite respirar, disfrutar de temperaturas más frescas que en zonas más urbanizadas y el enorme valor ecológico que representa, los espacios verdes, el arroyo y las especies animales conviven en el sitio interrelacionándose en equilibrio, y su valor no sería el mismo sin alguna de esas partes”.

Nahuel, que argumenta con firmeza pero sin perder jamás la sonrisa, agrega: “El arte también surge como un método de expresión. Notamos en estos años tratando de sensibilizar a la comunidad, que el mensaje tiene que ser estudiado para ser difundido y comprendido, entonces la rama artística te ofrece un montón de herramientas con pocas palabras o con dibujos, pinturas, de una manera distinta”.

El arte y la naturaleza se encuentran en la primera línea de defensa de la Isla verde. Nahuel, que es jardinero de profesión, continúa: “Nos definimos como colectivo ambiental artístico porque consideramos que el proceso de sensibilización de los seres con su ambiente está intrínsecamente relacionado con lo que es el arte”. En el grupo hay otros jardineros, artistas, diseñadores, actrices, estudiantes de bellas artes, científicos y gente que “no tiene nada que ver con el ambiente este, pero fue sensibilizándose con la cuestión y al día de hoy están comprometidísimos”.
Él cuenta que lo que motiva a este grupo a seguir luchando para lograr su objetivo es el respeto al ambiente en que vivimos y la necesidad de proteger espacios verdes frente al avance del cemento: “Ante la necesidad de conservar ese espacio y las inexistentes políticas ambientales, es que dijimos nos organizamos. No queríamos llegar a tener 80 años y no haber hecho nada por este lugar. Conocimos a las aves que vivían ahí, conocimos a los reptiles y a los mamíferos, a los árboles, a los pastos y ese es el fuego interior que nos llevó a organizarnos, que nos mueve a ir de reunión en reunión y de un lado para el otro, a hablar con unas y otras personas, exponernos. Creemos que el fin más noble que una actividad puede tener es el bien común, entonces, ante eso, no hay medias tintas, no se puede ser tibio cuando se trata de la naturaleza y el bien común”.

Foto Lina Etchesuri

 

LOS ÁRBOLES RESISTEN DE PIE

El abogado que patrocina a la agrupación Isla Verde nos pone al día con la causa. Se presentó un amparo que se fundamenta en tres puntos principales: el “dominio eminente” sobre el ambiente pertenece a la provincia de Buenos Aires, según el artículo 121 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución provincial, y en consecuencia, es deber de la provincia habilitar el funcionamiento del aeropuerto, siempre y cuando se evalúe que el mismo no produce daños ambientales, sin embargo, en ningún momento el estado provincial tomó cartas en el asunto y la habilitación corrió por sola cuenta del estado nacional.

Por otro lado, existe una gran cantidad de árboles que conforman un bosque dentro del predio, y estos no pueden tocarse hasta que la provincia cumpla con la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos (26.331) y los categorice como ordena la ley antes de disponer cualquier modificación. Por último, no puede haber aviones en un espacio donde hay tal cantidad de aves, como en este reducto natural.

La cámara civil y comercial federal de San Martín, que tiene a su cargo resolver este amparo, dictaminó a través del Juez Salas el día 28 de diciembre de 2019, que si bien por un lado considera que no existe urgencia para darle curso al amparo, ya que según entiende no está probado el daño sobre el ambiente, por otro lado, obliga al OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que es la institución encargada de asuntos ambientales en la provincia) a que intervenga en este caso. Así, si bien no se dio curso a la medida que inhabilitaría el uso del aeropuerto, el abogado es optimista ya que entiende que el fallo reconoce que es la provincia la encargada de asumir la evaluación del riesgo ambiental, la obliga a cumplir con el mandato constitucional y dictaminar sobre los estudios de impacto ambiental sobre los que anteriormente no tuvo incidencia alguna.

Este año será clave ya que Isla Verde se conformó como asociación civil y pedirán formalmente la creación de la Reserva Natural y Comunitaria.

 

Foto Laura Borsellino