LA TOMA DE GUERNICA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL: LA DIMENSIÓN OCULTA DEL DEBATE

La toma de tierras en Guernica, Pte. Perón (Bs. As.) expone una problemática histórica de incumplimiento del acceso al hábitat integral: la vivienda digna en tierra apta para vivir.

(* Publicada originalmente en Revista Ignorantes como parte de un especial)

Desde el martes pasado se siente un breve alivio entre las 2500 familias que vienen sosteniendo la toma de Guernica, en el partido de Presidente Perón. El juez que interviene en la causa, Martín Rizzo, firmó una resolución que posterga el desalojo de la ocupación más grande de la provincia de Buenos Aires, prevista para la semana pasada, extendiendo el plazo al 1° de octubre.

En la sentencia judicial firmada el pasado 11 de septiembre, Rizzo ordenaba al Poder Ejecutivo provincial elaborar un plan que ofreciera alter­nativas habitacionales para los ocupantes, a partir del cual se generó un dispositivo interministerial –compuesto por los ministerios de la Comunidad, de Justicia y de las Mujeres de la provincia– que se viene reuniendo con distintos intendentes del conurbano bonaerense y con representantes de los ocupantes y distintas organizaciones sociales y políticas. En estos encuentros se resolvió censar a la población y buscar opciones de vivienda para las familias que vienen sosteniendo la toma.

Desde un inicio, les ocupantes, organizaciones sociales y de Derechos Humanos apostaban a la extensión del plazo del desalojo para así “ganar tiempo” para encontrar soluciones superadoras. Tras haber finalizado el censo los días 18 y 19 de septiembre, autoridades provinciales, junto a la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y otros intendentes de la zona oeste del AMBA, se encuentran discutiendo programas de vivienda social y alternativas como el otorgamiento de créditos blandos. Según trascendió en distintos medios, la opción que barajan desde el oficialismo es ofrecer soluciones habitacionales en las localidades de proveniencia de cada familia, alertando sobre la inconveniencia de erigir asentamientos sobre áreas inundables.

En Guernica, las áreas que están ocupando muchas familias forman parte del emprendimiento San Cirano, que contempla la construcción de countries y barrios privados en zonas de humedales.

HUMEDALES URBANOS

Mientras el Congreso de la Nación demora el debate sobre la Ley de Humedales, es importante hacer notar que estos ecosistemas –particularmente, aquellos que se desarrollan en áreas urbanas– fueron intervenidos al punto de su invisibilización como entidades ecológicas con dinámicas propias. Estos ecosistemas con presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial genera procesos biogeoquímicos distintivos, lo que los diferencia de ambientes terrestres y acuáticos. Sus funciones están asociadas a bienes y servicios ambientales talescomo la amortiguación de excedentes hídricos en cuencas, su rol como reservorios de agua dulce y refugio de biodiversidad, así como la retención de contaminantes, entre muchos otros.

Sin embargo, históricamente fueron considerados “pajonales”, “yuyales”, “zonas improductivas” o focos de generación de enfermedades, por lo que su rellenado y dragado para actividades urbanas, forestales y agroganaderas fue acelerando su degradación. Desde la firma de la Convención Internacional sobre Humedales que tuvo lugar en Ramsar (Irán) en 1971 hasta el día de hoy –y en un contexto de crisis climática– los humedales fueron adquiriendo enorme relevancia como elementos de las características sobre las que se apoyan los asentamientos urbanos y periurbanos.

En efecto, gran parte de la urbanización de Buenos Aires y de su área metropolitana se hizo avanzando sobre estos singulares ecosistemas mediante rellenos, endicamientos, terraplenes, entubamiento y rectificaciones de cursos de agua. Décadas de construcciones y cemento sobre estos ecosistemas explicarían, en buena medida, la recurrencia de inundaciones cada vez que llueve con un poco de mayor intensidad. Sin embargo, la dimensión ambiental de los procesos de urbanización suele quedar como ámbito separado: por un lado, se tramitan las políticas urbanas y de vivienda, y por otro carril se gestiona “lo ambiental”.

Volviendo al caso de la toma de Guernica, poco se dice en el debate público –y menos en los principales medios de comunicación, concentrados en denunciar la violación a la titularidad formal de las tierras en disputa– sobre las grandes intervenciones que distintas empresas constructoras y desarrolladoras están realizando sobre estos ecosistemas, ni sobre los riesgos ambientales y sociales que ello implica.

VIVIENDAS DE LUJO Y LAGUNAS ARTIFICIALES PARA UNOS, INUNDACIONES PARA OTROS

El Country & Club San Cirano está proyectado sobre 361 hectáreas, con 1600 lotes de 950 metros cuadrados repartidos en cinco barrios. Entre sus amenities, el proyectoincluye tres lagunas para la práctica de deportes náuticos. Lejos de ser una novedad, constituye parte de una tipología residencial destinada a un público de altos niveles de ingresos,inaugurada por Nordelta (partido de Tigre) en los años 2000.

La mayoría de estos emprendimientos inmobiliarios fueron construidos sobre humedales. A través de dragados y pozos se generan lagunas artificiales y se eleva la cota natural del terreno para permitir edificaciones. Así, estos barrios pueden ofrecer lagunas artificiales, marinas y muelles que facilitan el acceso de parcelas individuales a cuerpos de agua. A través de imágenes satelitales de Google es posible observar, por ejemplo, para la cuenca baja del río Luján (municipios de Tigre, Escobar, Campana, Pilar), decenas de lagunas en forma de “riñón” que dan cuenta de estas intervenciones. La belleza que ofrece esta tipología urbanística, sin embargo, se basa en una exotización y homogeneización de la biodiversidad original, en detrimento de la calidad ambiental general. Como dijimos, al elevar y construir sobre el humedal se bloquea la filtración de agua por crecidas y lluvias, derivando los excedentes a barrios aledaños -en general, de menores recursos- que no han elevado su cota, lo que genera inundaciones donde antes no se producían.

Toda la zona sur de Buenos Aires –desde la zona costera de Berazategui, Quilmes, hasta los loteos ilegales para emprendimientos privados en el sistema de humedales de la Laguna del Ojo del partido vecino de San Vicente, pasando por esta zona de Presidente Perón– viene siendo objeto de un boom inmobiliario más reciente que la zona norte del Gran Buenos Aires, debido a sus precios del suelo comparativamente menores. En su mayoría, las grandes urbanizaciones han determinado cambios de usos de suelo, lo cual viene siendo denunciado por asambleas ambientalistas y movimientos vecinales que buscan asegurar la protección de importantes extensiones de tierra como reservas naturales.

A diferencia del activismo de estos vecinos y organizaciones, el impacto ambiental de los grandes emprendimientos privados encuentra poco eco en los grandes medios, acaso porque sus capitales accionarios muchas veces provienen de orígenes similares. Esto genera que las advertencias acerca de construir sobre humedales (o sobre otros bienes comunes de la naturaleza) aparezcan únicamente cuando son los sectores de menores recursos quienes se asientan y construyen en estos ecosistemas, aún a riesgo de inundarse.

UN FALSO DEBATE

En el caso de que las familias finalmente logren obtener soluciones habitacionales en sus localidades de origen, ¿alzará la voz algún representante del status quo sobre los riesgos ambientales de que los grandes emprendedores inmobiliarios continúen rellenando y dragando para la construcción de barrios cerrados?

La ocupación de tierras por necesidad –la cual es incuestionable, al margen de la injerencia de “pequeños especuladores”– debe hacernos ver que el problema central está en el avance de la lógica privatista del mercado de suelo, donde la normativa para los grandes propietarios es laxa: obtención de tierras a bajo costo, permisos de obra por fuera de normativas urbanas –cuando las hay– y escasa o nula regulación ambiental.

Lo que muestra la experiencia de Guernica, así como las recientes tomas de tierras que se multiplican por toda el área metropolitana, es que existe una profunda problemática habitacional atravesada por una crisis climática que resulta insoslayable. La ciudad crece, de modo formal, vía un mercado desregulado que excluye a la mayor parte de la población del acceso al suelo urbano, y que convierte a la ocupación de tierras –u otras formas irregulares– en su única forma de acceso al hábitat, exponiendo a los sectores de menores recursos a mayores riesgos ambientales. 

Es importante reconstruir la trama de los procesos de urbanización y los modos en que estos ecosistemas han sido intervenidos y apropiados para que, finalmente, las tierras más bajas queden como últimas alternativas para quienes más necesitan “tierra para vivir”. 

Cómo queremos habitar Buenos Aires, hasta dónde debe extenderse su mancha urbana, qué posibilidades tenemos sus habitantes de acceder a espacios verdes –los cuales, lejos de ser un lujo, son una cuestión de calidad de vida e incluso (como bien mostró esta pandemia) de salud– constituyen temas que deben ponerse sobre la mesa, teniendo en cuenta criterios de igualdad y equidad. El derecho a la vivienda digna y a un ambiente sano deben ser elementos para construir una sociedad –cultural y ambientalmente– más justa.

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