En la región de MATOPIBA, al noreste de Brasil, grandes mecanismos financieros desencadenan acaparamientos de tierras de comunidades, con situaciones de violencia, a la vez que arrasan con la sabana tropical más biodiversa del planeta para sostener los monocultivos transgénicos. FT dialogó con Flavio Valente, de la organización FIAN, para que nos cuente desde allí, qué características tiene esta bicicleta financiera que involucra a inversores de todo el mundo, y qué acciones se están llevando a cabo para difundir la problemática y acompañar a las poblaciones locales.

El acrónimo MATOPIBA refiere a la región compuesta por los estados brasileños de Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía, conformando un territorio de más de 70 millones de hectáreas que es parte de la ecorregión conocida como Cerrado, una sabana tropical con la mayor biodiversidad del planeta. Desde la crisis global de 2008, ha visto pasar la topadora de la expansión agroindustrial, arrasando con la masa boscosa (una de las tasas de deforestación más elevadas registradas a nivel mundial) para dar lugar a los monocultivos, nuevos focos de inversión para las grandes compañías. Unidades de conservación, tierras indígenas, asentamientos de reforma agraria y quilombolas sufren más que nunca el “land-grabbing” (acaparamiento de tierras), a través de oscuros mecanismos financieros.

Bioma Cerrado – Parque Estadual do Jalapão


El avance de la frontera agrícola repite el patrón básico, pero complejo, de asociación entre grandes empresarios  y estructuras internas de regulación muy maleables o inexistentes. La región de MATOPIBA presenta una característica particular: detrás del desplazamiento de comunidades y la destrucción del hábitat se halla el dinero proveniente de fondos de pensión con sede en Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Es decir, empresas que aglutinan las pensiones de contribuyentes de estos países, invierten en tierras de MATOPIBA para hacer negocios a través de los monocultivos. A la “financiarización” del agro,  moneda corriente en muchas partes del mundo (sobre todo en América Latina), se le añade pues el protagonismo de instituciones inversoras que en el Norte global cuentan con cierta “legitimidad”, lo cual ha llamado la atención de organizaciones de derechos humanos que actúan a nivel institucional en esos países.

 

LOS FONDOS DE PENSION Y LOS MOVIMIENTOS DE $ A NIVEL GLOBAL

De acuerdo con FIAN, una entidad que moviliza esfuerzos en pos del derecho humano a la alimentación adecuada y que cuenta con miembros de más de 60 países, “los fondos de pensiones de EE.UU. y Europa desempeñan un papel crucial, ya que son cientos de millones de dólares los que invierten en el negocio de las tierras. A través de dos fondos locales, TIAA (EE.UU.), Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (Alemania), ABP (Países Bajos) y el Segundo Fondo Nacional Sueco de Pensiones (AP2) poseen casi 300,000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil. (…) Los fondos de pensiones implicados alimentan la especulación de las tierras y se benefician directamente del aumento de los precios de las mismas.

Así, estos fondos de pensiones se han convertido en el vehículo para el agronegocio por parte de agentes económicos que se benefician de marcos regulatorios flexibles al interior de Brasil, pero también de un escaso control de los intercambios trasnacionales. En la órbita del mercado internacional que no regula los flujos de inversiones, los impactos en derechos humanos y ambientales quedan también fuera de la rendición de cuentas. “Los fondos de pensiones son actores importantes en este campo al estar obligados por la ley a aumentar su capital para garantizar el futuro de los pagos de pensiones. (…) Las previas investigaciones llevadas a cabo muestran que la TIAA-CREF, como fondo de pensiones norteamericano con un capital de aproximadamente 1 billón de dólares, opera en la región de Matopiba a través de la compañía sustituta Radar. Bajo la apariencia de una estructura compleja, la compañía elude la legislación brasileña que prohíbe la inversión extranjera a una cierta escala. TIAA-CREF recibe inversiones de fondos de pensiones en Canadá, Alemania, Holanda y Suecia, entre otros países.” En este sistema, cuando menos te das cuenta. estas financiando el despojo.

Esta organización se ha dedicado a documentar estos procesos de acaparamiento de tierras (grilagem en portugués), y organizando a la vez una serie de eventos para dar visibilidad a la problemática. En primera instancia, una #Caravanamatopiba que a nivel regional recorrió comunidades y pueblos de la región; luego, el viaje en avión de esta caravana, en la cual FIAN llevó la problemática a distintos países de Europa y a los EEUU. Fruto de estas actividades, puede encontrarse el documento público “Costos ambientales y humanos del negocio de tierras“, elaborado por FIAN en junio de 2018, junto a la Red Social de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

 

ACCIONES GLOBALES

Flavio Valente es asesor senior de FIAN y accedió a contarnos detalles sobre lo que sucede en la región.

FT: Flavio, ¿qué acciones se emprendieron para contrarrestar esta situación, tanto desde la sociedad civil como en lo institucional? ¿Existen localmente formas de organización para contrarrestar estos procesos?

Flavio Valente: El trabajo de FIAN en las áreas afectadas fue básicamente utilizar sus conocimientos en términos de derechos humanos para analizar todas las situaciones de lo que ocurre en MATOPIBA. Especialmente en términos de derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Más allá, se trabaja en las cuestiones de las obligaciones extraterritoriales que los países tienen -en términos de controlar sus multinacionales y sus acciones en otros países-. Existen tratados internacionales que definen obligaciones pero que los países no reconocen en este momento. FIAN viene trabajando en el sentido de garantizar que los países cumplan con sus obligaciones extraterritoriales.

También FIAN organizó las visitas, o mejor dicho, las “contravisitas” que fueron hechas en los Países Bajos, en Suecia y en Alemania, junto a los fondos y los gobiernos de estos países para discutir con ellos sobre qué estaban haciendo para frenar estas situaciones en que los fondos de pensión están siendo utilizados para compra de tierras en Brasil. Existen casos de determinadas haciendas, por ejemplo, en que tenemos certeza que fueron compradas ilegalmente por el Fondo TIAA. Lo que hicimos fue acompañar a personas que representaban a comunidades de MATOPIBA, para que entrevistaran a los gobiernos y fondos de estos países.

A nivel internacional, entonces, el rol es más bien de incidencia, junto a los gobiernos de otros países y también junto a la Unión Europea. Asimismo trabajamos junto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, usando el caso de MATOPIBA como ejemplo de la necesidad de mecanismos de regulación de las multinacionales que sean vinculantes, y no solamente los llamados principios voluntarios.

Un punto más en términos del trabajo de FIAN es que hay una campaña muy fuerte de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que tienen sus pensiones en estos fondos de pensión en los EEUU y Canadá para demandar que el Fondo deje de invertir dinero en la compra de tierras. Esta campaña muy fuerte está articulada también al movimiento a nivel social. Mismo en EEUU hay una campaña de pensionistas y de las entidades de pequeños agricultores que también están siendo afectados por la venta de las tierras y el aumento de los precios. Es muy malo para los pequeños productores de ese país, y gran parte de las compras de los fondos de inversión son en los EEUU.

Por otro lado, especialmente en Suecia, Alemania y los Países Bajos también existe una campaña de información para las personas que tienen su dinero en estos fondos de pensión  onozcan lo que están haciendo con su plata. Esto es muy fuerte, especialmente en Suecia, donde todo el dinero del fondo de pensión nacional está aplicada en TIAA (EE.UU.) y mucho de lo invertido en los Países Bajos también, incluso funcionarios del gobierno pusieron dinero en ese fondo. Resulta muy importante la campaña junto a los pensionistes, para garantizar que ellos se posicionen también sobre la manera en que su dinero está siendo empleado.

FT: ¿Y con respecto a campañas en el mismo Brasil?

FV: En Brasil, después de la denuncia de la Red Social de Justicia y de Derechos Humanos de los primeros casos de acaparamiento de tierras muy vinculados a la cuestión de los fondos de pensión internacionales, hay todo un trabajo de la sociedad civil junto con una articulación que viene del Cerrado y también con otras organizaciones territoriales, FIAN se sumó más tarde a ellas y esta unión ha permitido algo importante, que es contextualizar el problema desde el punto de vista de los derechos humanos. Desde ese momento se trata de utilizar los instrumentos de los derechos humanos para revertir algunas situaciones.

La senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) llamó a impulsar el agronegocio en la región de MATOPIBA, según sus palabras, “la última frontera agrícola del país”.

Ello implica toda una serie de actividades. Fueron hechas visitas a las regiones, capacitaciones a las comunidades para aumentar la capacidad de protección, se abordaron discusiones para encontrar la mejor manera de titularizar la tierra sin entrar en una competición muy mala entre todos por obtener títulos individuales, que son muy vulnerables a los acaparamientos de tierras… Es importante estar dentro de ese proceso.

COMUNIDADES DESPLAZADAS

Como mencionaba Valente, un rasgo no menor del esquema de dominación de estos actores es precisamente haber logrado el control discursivo sobre los procesos de regulación y de rendición de cuenta, a través de mecanismos de autoregulación y de voluntarismo en sus acciones y efectos a nivel de empresas inversoras. Pero con el voluntarismo no alcanza, y aunque mejoren las regulaciones, hay que trabajar desde lo local.

FT: Con respecto a lo que sucede en Brasil, ¿cuáles son las urgencias de las comunidades y cómo trabajaron junto a ellas?

FV: Nos dedicamos a realizar el seguimiento del caso. Desde FIAN Brasil, por ejemplo, tratamos de proteger a la gente que víctima del acaparamiento de tierras, que son amenazados de muerte, intimidados y expuestos a situaciones de violencia. Hemos tenido un rol de ayudar a proteger a esta gente, agilizando los programas de defensa de testimonios. A la vez, seguimos de cerca algunos puntos específicos del Informe, que hay que comprobar, sobre 4 haciendas que fueron compradas por el mismo fondo TIADD, de uno de los grileiros más grandes de la región. Estamos tratando de conseguir estos documentos con las autoridades locales de Maranhão y de Piauí, en los dos casos hay haciendas en una situación similar.

Y también hacemos todo un seguimiento de la comunidad misma: junto con las Red Social -que es la entidad que ha trabajado más tiempo con la comunidad- desde el punto de vista de prospección y de seguridad, así como del punto de vista de sus derechos bajo las guías de las directrices voluntarias que fueron creadas por la FAO para reglamentar la gobernanza responsable de las tierras, los bosques y los recursos pesqueros. Estamos trabajando en ese sentido.

Y ayudando a la comunidad a defenderse ante las autoridades que están haciendo una regularización que es mucho más favorable a los grandes propietarios que a los pequeños.

FT: ¿Qué complicaciones existen para la articulación entre los sectores afectados?

FV: Las comunidades locales están organizadas para demandar la titulación colectiva de las tierras, cosa que fue un trabajo que tomó tiempo pero se ha avanzado bastante. La otra, es la propia resistencia contra el acaparamiento, haciendo demostraciones, escribiendo cartas para las autoridades denunciando la intimidación, a la policía… Cartas dirigidas al Ministerio Público, Defensores del Pueblo y demás. Y como te decía, llevando la información a las sociedades norteamericanas y europeas sobre el impacto de sus inversiones en el Sur, en las familias, en el ambiente y los derechos humanos.

Con respecto a las comunidades indígenas, en la misión de la que participó FIAN existe solo una comunidad indígena que se reconoce como tal. Todas las otras son de gente que se fue después de la abolición de la esclavitud, o entre la esclavitud y la institución de la república. Desde 1889 estas familias salieron de las ciudades, se fueron al campo y ocuparon tierras públicas, y están ahí desde entonces. Por lo tanto, constitucionalmente tienen derecho a esas tierras, pero hay presiones para afectarlas. Son comunidades tradicionales definidas por ley en Brasil, que tienen modos de vida bien típicos, característicos de su modo de vivir y que están institucionalizadas en cierta manera en la legislación brasileña y cuentan con ciertos beneficios, como tienen los quilombolas y los indígenas. Ellos tienen opción prioritaria en compra de las tierras por ejemplo, y también tienen apoyo en varios programas de políticas sociales dirigidas a estos grupos específicamente.

FT: ¿Qué otros actores o iniciativas aparecen también en la región, aunque sea con otros intereses (públicos, sin fines de lucro, etc.)?

FV: Por ejemplo, no hay áreas protegidas estrictas en la región que trabajamos nosotros, aunque hay propuestas del Banco Mundial, de la WWF y de Greenpeace para hacer áreas protegidas, aumque “sin gente” adentro. Esto no interesa a las comunidades. Tanto WWF como Greenpeace trabajan muy cerca de las empresas locales también, lo que no garantiza que tengan independencia de los intereses de las compañías. Hay por tanto una posición muy clara de las comunidades de no querer mezclarse con estas organizaciones.

Foto aérea de la región centro-este de Brasil, límite entre los estados de Bahía y Tocantins. (European Space Agency)

Hay que tomar mucho cuidado con este momento en Brasil, parece que hay cambios muy importantes desde el punto de vista social y de limpieza de la corrupción y esos temas, pero en realidad está habiendo una desnacionalización, una pérdida de soberanía del pueblo brasileño sobre sus recursos naturales y sobre sus riquezas. Esta es la realidad, en síntesis, lo que representa el gobierno de Temer, está cortando las inversiones para la poblaciones más carentes y excluidas, garantizando a la vez el apoyo a los grandes propietarios y terratenientes del agronegocio. Es una coyuntura muy poco favorable a los pequeños productores. Pero el nivel de organización de estos actores ha crecido mucho y no creo que sea tan fácil que pasen las leyes deseadas por los terratenientes grandes. Yo creo que va a ser muy, muy dificil, y una situación muy tensa para los próximos años. Creo que es fundamental el apoyo internacional y la solidaridad con los campesinos y pequeños productores rurales brasileños, de manera que podamos volver a tener un rol positivo en el camino a una Latinoamérica más libre y soberana.

PERSPECTIVAS

A fin de cuentas, depende del Estado brasileño poner un freno a estos escenarios de despojo. El panorama está complicado con el posible gobierno de derecha de Jair Bolsonaro, quien lidera una posición en contra de las comunidades tradicionales por el derecho a sus tierras y a sus modos de vida. Queda el camino de apostar a la organización local y a las alianzas y la solidaridad entre diferentes actores para contrarrestar el avance de los negocios sobre espacios tan importantes a nivel socio-ambiental.

Si te interesa más sobre este tema, recomendamos la película documental “Ser la vieja sabana” (2018), por el momento disponible en la plataforma de Netflix.